Matanza de Bagua fue iniciada por nativos, según comisión ad hoc.
Texto concluye que el 5 de junio policías actuaron en defensa propia. Se reconoce que decretos desencadenaron el paro amazónico
Por: Norka Peralta / Martín León
Entre mayo y junio del 2008, el Gobierno promulgó una serie de decretos legislativos —entre ellos el D.L. 1090, que sus críticos llamaban “Ley de la Selva” y el D.L. 1064, que aprobó el régimen jurídico para el uso de tierras agrícolas— que los indígenas consideran lesivos a su propiedad. El 9 de abril se iniciaron diversas protestas en rechazo a esas normas. Si bien estas acciones se dieron en toda la Amazonía, fue en la ciudad de Bagua donde la revuelta se tornó violenta y derivó en el funesto 5 de junio del 2009.
¿Qué particularidades se dieron en Bagua que originaron la muerte de 23 policías y 10 civiles y la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán? Manuel Bernales, Susana Pinilla y el padre Ricardo Álvarez, miembros de la comisión que desde el 7 de setiembre investiga los sucesos de violencia en Bagua, responden a esta pregunta en el informe que ayer hicieron público en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Dicho documento —denominado “Para que nunca más vuelva a suceder”— señala que los acontecimientos violentos en Curva del Diablo y la Estación 6 del oleoducto son atribuibles a cuatro aspectos:
(1) “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”;
(2) exacerbación del espíritu combativo de los indígenas por parte de congresistas del “Partido Nacionalista, ronderos, Sutep, reservistas y del Frente de Defensa de Bagua”;
(3) toma de carreteras y diversas instalaciones por el movimiento indígena “que fue desbordado por su propio colectivo” y
(4) “la responsabilidad de informadores que magnificaron y falsearon los acontecimientos de la Curva del Diablo, lo que generó reacciones vengativas (el secuestro y asesinato de 11 policías).
OTROS FACTORES
La comisión también señala en su informe “una serie de hechos puntuales” que impidieron frenar la violencia: Cambio de los mandos policiales a cargo del desalojo de Curva del Diablo a solo dos días de dicha operación, equipamiento insuficiente de los policías, incumplimiento del Ejército en sus funciones, coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía, débil liderazgo local de autoridades y pobre interrelación con los indígenas, así como “algunos religiosos que participaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador”.
Entre los hechos puntuales también se señala a las “ONG que desarrollan una importante cultura de derechos [...] pero que no promueven el diálogo intercultural para el entendimiento con el Estado” y la “responsabilidad de instituciones del Estado y de personas a cargo de las mismas que generaron dispositivos legales sin cumplir con el derecho de consulta a los pueblos indígenas [...]”, aunque no se precisan las responsabilidades de los diversos ministerios y del Congreso. Estas aparecen solo en la cronología de sucesos que encaminaron al país hasta el 5 de junio.
LOS ENFRENTAMIENTOS
En cuanto al inicio de los enfrentamientos entre indígenas y policías en Curva del Diablo, el informe señala que “los policías no atacaron a los nativos, son los nativos los que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro (Curva del Diablo), por lo que la policía los repele con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados, disparan en defensa propia y son rebasados por la masa”. En este punto fallecen 12 policías.
Sobre las acciones en la Estación 6, donde mueren 11 agentes, la comisión ha determinado que los indígenas actuaron de manera enardecida contra los policías junto a ronderos y reservistas “ante las noticias de una supuesta masiva matanza de indígenas en la Curva del Diablo”.
Al respecto, el coordinador de la comisión investigadora, Jesús Manacés —que, con la religiosa María del Carmen Gómez, se abstuvo de firmar el informe— manifestó que no estaba de acuerdo con las conclusiones del documento. Gómez evitó dar declaraciones.
El pasado viernes 25, Manacés y Gómez enviaron al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, una carta con 43 observaciones al informe presentado ayer. En dicha carta critican, entre otros aspectos, que no se haya tomado testimonio a todos los implicados y que el informe final califique la acción policial en Bagua como “una actuación defensiva”.
QUE NO VUELVA A SUCEDER
Bernales, Pinilla y el padre Álvarez precisaron ayer que su informe determina las causas de la violencia en Bagua y no individualiza las responsabilidades, pues ello es tarea de las autoridades judiciales. Por ello, acotaron, el informe no consigna los nombres de quienes deben ser investigados por las instancias correspondientes.
Ayer —204 días después del 5 de junio— tampoco se pudo conocer el paradero del mayor Felipe Bazán, pues los comisionados dijeron que no habían reunido las pruebas suficientes.
El 12 de enero, los cuatro grupos de trabajo que evalúan la problemática indígena deberán analizar sus respectivos informes en presencia de representantes del Poder Ejecutivo y dirigentes de la Amazonía. Ese día podría cobrar valor la frase que da título al informe sobre la tragedia en Bagua: “Para que nunca más vuelva a suceder”.
Fuente: El Comercio.
LamudCity le recuerda que si desea ver fotos/articulos anteriores los puede encontrar en 'ARCHIVOS', que está ubicado al lado derecho. Y si dejan un cometario ó consulta pongan sus Nombres y Apellidos. Muchas gracias.
Texto concluye que el 5 de junio policías actuaron en defensa propia. Se reconoce que decretos desencadenaron el paro amazónico
Por: Norka Peralta / Martín León
Entre mayo y junio del 2008, el Gobierno promulgó una serie de decretos legislativos —entre ellos el D.L. 1090, que sus críticos llamaban “Ley de la Selva” y el D.L. 1064, que aprobó el régimen jurídico para el uso de tierras agrícolas— que los indígenas consideran lesivos a su propiedad. El 9 de abril se iniciaron diversas protestas en rechazo a esas normas. Si bien estas acciones se dieron en toda la Amazonía, fue en la ciudad de Bagua donde la revuelta se tornó violenta y derivó en el funesto 5 de junio del 2009.
¿Qué particularidades se dieron en Bagua que originaron la muerte de 23 policías y 10 civiles y la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán? Manuel Bernales, Susana Pinilla y el padre Ricardo Álvarez, miembros de la comisión que desde el 7 de setiembre investiga los sucesos de violencia en Bagua, responden a esta pregunta en el informe que ayer hicieron público en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Dicho documento —denominado “Para que nunca más vuelva a suceder”— señala que los acontecimientos violentos en Curva del Diablo y la Estación 6 del oleoducto son atribuibles a cuatro aspectos:
(1) “apresuramiento y falta de tacto de algunos sectores del Ejecutivo al promulgar los decretos legislativos 1064 y 1090 sin tener en cuenta la delicada sensibilidad amazónica”;
(2) exacerbación del espíritu combativo de los indígenas por parte de congresistas del “Partido Nacionalista, ronderos, Sutep, reservistas y del Frente de Defensa de Bagua”;
(3) toma de carreteras y diversas instalaciones por el movimiento indígena “que fue desbordado por su propio colectivo” y
(4) “la responsabilidad de informadores que magnificaron y falsearon los acontecimientos de la Curva del Diablo, lo que generó reacciones vengativas (el secuestro y asesinato de 11 policías).
OTROS FACTORES
La comisión también señala en su informe “una serie de hechos puntuales” que impidieron frenar la violencia: Cambio de los mandos policiales a cargo del desalojo de Curva del Diablo a solo dos días de dicha operación, equipamiento insuficiente de los policías, incumplimiento del Ejército en sus funciones, coordinación deficiente entre el Ejército y la Policía, débil liderazgo local de autoridades y pobre interrelación con los indígenas, así como “algunos religiosos que participaron con el movimiento indígena confundiendo su papel evangelizador”.
Entre los hechos puntuales también se señala a las “ONG que desarrollan una importante cultura de derechos [...] pero que no promueven el diálogo intercultural para el entendimiento con el Estado” y la “responsabilidad de instituciones del Estado y de personas a cargo de las mismas que generaron dispositivos legales sin cumplir con el derecho de consulta a los pueblos indígenas [...]”, aunque no se precisan las responsabilidades de los diversos ministerios y del Congreso. Estas aparecen solo en la cronología de sucesos que encaminaron al país hasta el 5 de junio.
LOS ENFRENTAMIENTOS
En cuanto al inicio de los enfrentamientos entre indígenas y policías en Curva del Diablo, el informe señala que “los policías no atacaron a los nativos, son los nativos los que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro (Curva del Diablo), por lo que la policía los repele con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados, disparan en defensa propia y son rebasados por la masa”. En este punto fallecen 12 policías.
Sobre las acciones en la Estación 6, donde mueren 11 agentes, la comisión ha determinado que los indígenas actuaron de manera enardecida contra los policías junto a ronderos y reservistas “ante las noticias de una supuesta masiva matanza de indígenas en la Curva del Diablo”.
Al respecto, el coordinador de la comisión investigadora, Jesús Manacés —que, con la religiosa María del Carmen Gómez, se abstuvo de firmar el informe— manifestó que no estaba de acuerdo con las conclusiones del documento. Gómez evitó dar declaraciones.
El pasado viernes 25, Manacés y Gómez enviaron al ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova, una carta con 43 observaciones al informe presentado ayer. En dicha carta critican, entre otros aspectos, que no se haya tomado testimonio a todos los implicados y que el informe final califique la acción policial en Bagua como “una actuación defensiva”.
QUE NO VUELVA A SUCEDER
Bernales, Pinilla y el padre Álvarez precisaron ayer que su informe determina las causas de la violencia en Bagua y no individualiza las responsabilidades, pues ello es tarea de las autoridades judiciales. Por ello, acotaron, el informe no consigna los nombres de quienes deben ser investigados por las instancias correspondientes.
Ayer —204 días después del 5 de junio— tampoco se pudo conocer el paradero del mayor Felipe Bazán, pues los comisionados dijeron que no habían reunido las pruebas suficientes.
El 12 de enero, los cuatro grupos de trabajo que evalúan la problemática indígena deberán analizar sus respectivos informes en presencia de representantes del Poder Ejecutivo y dirigentes de la Amazonía. Ese día podría cobrar valor la frase que da título al informe sobre la tragedia en Bagua: “Para que nunca más vuelva a suceder”.
Fuente: El Comercio.
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