El ministro de Justicia confirmó que un grupo de internos tomó el control de un penal de Chachapoyas.
8:46 Los reos se apoderaron de la cárcel de Huancas tras un motín iniciado a las 8 de la noche. Una Comisión de Alto Nivel se dirigió a la zona para atender la emergencia.
Un grupo de rehenes lideró anoche un motín en el Penal de Huancas, en Chachapoyas (Amazonas), en el que se encuentran recluidos los nativos que fueron detenidos durante la revuelta ocurrida en Bagua en junio del 2009, y se apoderó del control de la misma.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, confirmó esta mañana que los hechos ocurrieron anoche aproximadamente a las 8:00 p.m. cuando los reclusos retornaban a su celda. El titular del sector se enteró de la situación anoche durante los festejos de Año Nuevo que se realizaban en Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia, los internos tienen como rehenes a ocho trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las primeras informaciones dieron cuenta del fallecimiento de un recluso durante el enfrentamiento con la seguridad del penal, pero el ministro de Pastor no confirmó dicha versión.
En comunicación con RPP, Aurelio Pastor informó que una vez enterados de los hechos, el Gobierno dispuso la creación de una Comisión de Alto Nivel para que se dirija al penal de Huancas. La misión multisectorial estará liderada por el viceministro de Justicia, Gerardo Castro, un funcionario del Ministerio del Interior, un representante del INPE y otro de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El titular de la cartera de Justicia, instó a mantener la calma a los familiares de los reclusos y de los rehenes al asegurar que “el gobierno está actuando” para solucionar la situación.
Autoridades del penal de Huancas advirtieron riesgos para cumplir con su deber.
8:46 Los reos se apoderaron de la cárcel de Huancas tras un motín iniciado a las 8 de la noche. Una Comisión de Alto Nivel se dirigió a la zona para atender la emergencia.
Un grupo de rehenes lideró anoche un motín en el Penal de Huancas, en Chachapoyas (Amazonas), en el que se encuentran recluidos los nativos que fueron detenidos durante la revuelta ocurrida en Bagua en junio del 2009, y se apoderó del control de la misma.
El ministro de Justicia, Aurelio Pastor, confirmó esta mañana que los hechos ocurrieron anoche aproximadamente a las 8:00 p.m. cuando los reclusos retornaban a su celda. El titular del sector se enteró de la situación anoche durante los festejos de Año Nuevo que se realizaban en Palacio de Gobierno.
De acuerdo con el ministro de Justicia, los internos tienen como rehenes a ocho trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Las primeras informaciones dieron cuenta del fallecimiento de un recluso durante el enfrentamiento con la seguridad del penal, pero el ministro de Pastor no confirmó dicha versión.
En comunicación con RPP, Aurelio Pastor informó que una vez enterados de los hechos, el Gobierno dispuso la creación de una Comisión de Alto Nivel para que se dirija al penal de Huancas. La misión multisectorial estará liderada por el viceministro de Justicia, Gerardo Castro, un funcionario del Ministerio del Interior, un representante del INPE y otro de la Presidencia del Consejo de Ministros.
El titular de la cartera de Justicia, instó a mantener la calma a los familiares de los reclusos y de los rehenes al asegurar que “el gobierno está actuando” para solucionar la situación.
Autoridades del penal de Huancas advirtieron riesgos para cumplir con su deber.
10:20 Procurador del Ministerio de Justicia pidió traslado de los detenidos por el “baguazo” ante posibles disturbios.
Ya lo habían advertido. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si los autores del motín en el penal de Huancas son los detenidos por el baguazo, hay que recordar que en agosto último las autoridades encargadas de investigarlos y procesarlos habían expresado que tenían dificultades para cumplir con su deber.
El procurador público ad hoc para casos amazónicos del Ministerio de Justicia, Oswaldo Arroyo Novoa, solicitó al Primer Juzgado Penal de Utcubamba (Amazonas) la transferencia al distrito judicial de Lima de la competencia del proceso que se le sigue a los 13 detenidos por los actos de violencia del 5 de junio pasado que causaron 34 muertes, entre civiles y policías.
Entonces El Comercio informó que este pedido fue formulado por Arroyo luego de recibir el informe del gobernador de la provincia de Utcubamba, Herbert Antonio Alcántara Morales, quien señaló que los magistrados que llevan el caso no cuentan con garantías para procesar a detenidos y que existen “oposiciones públicas y presiones que se pueden transformar en manifestaciones negativas de la población”.
Asimismo, el director del Instituto Nacional Penitenciario Regional de San Martín, Max Flores Quispe, dio a conocer que los nativos recluidos en el referido penal tienen muchos simpatizantes que, en caso de violencia, superarían en número a los servidores que custodian la cárcel.
En su informe, el procurador Arroyo Novoa también informó que se ha desatado una campaña en los medios de comunicación locales contra de los jueces de las provincias de Bagua y Utcubamba-Chachapoyas.
SE IGNORÓ PEDIDO
Pese a los temores formulados, la titular de la Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga del Carmen Bobadilla Terán, dispuso en agosto último que los internos empiecen a rendir sus manifestaciones ante el Poder Judicial. Ellos fueron acusados de ser autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos el 5 del junio. Esta audiencia empezó en el mismo penal.
Ante las versiones de que los procesos deberían ser trasladados Lima por amenazas contra los magistrados, la fiscal señaló que el Ministerio Público cumplirá su función de perseguir los ilícitos cometidos con total autonomía y haciendo respetar la ley.
Los detenidos enfrentan los cargos de delitos contra la tranquilidad y la paz pública en la modalidad de disturbios; contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, así como por el incendio y saqueo
de locales públicos.
Solo cuatro de los detenidos enfrentan cargos por el asesinato de los policías en la estación 6 del Oleoducto Norperuano. En noviembre último otros cuatro nativos fueron liberados por falta de pruebas en su contra.
Fuente: El Comercio.
LamudCity le recuerda que si desea ver fotos/articulos anteriores los puede encontrar en 'ARCHIVOS', que está ubicado al lado derecho. Y si dejan un cometario ó consulta pongan sus Nombres y Apellidos. Muchas gracias.
Ya lo habían advertido. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si los autores del motín en el penal de Huancas son los detenidos por el baguazo, hay que recordar que en agosto último las autoridades encargadas de investigarlos y procesarlos habían expresado que tenían dificultades para cumplir con su deber.
El procurador público ad hoc para casos amazónicos del Ministerio de Justicia, Oswaldo Arroyo Novoa, solicitó al Primer Juzgado Penal de Utcubamba (Amazonas) la transferencia al distrito judicial de Lima de la competencia del proceso que se le sigue a los 13 detenidos por los actos de violencia del 5 de junio pasado que causaron 34 muertes, entre civiles y policías.
Entonces El Comercio informó que este pedido fue formulado por Arroyo luego de recibir el informe del gobernador de la provincia de Utcubamba, Herbert Antonio Alcántara Morales, quien señaló que los magistrados que llevan el caso no cuentan con garantías para procesar a detenidos y que existen “oposiciones públicas y presiones que se pueden transformar en manifestaciones negativas de la población”.
Asimismo, el director del Instituto Nacional Penitenciario Regional de San Martín, Max Flores Quispe, dio a conocer que los nativos recluidos en el referido penal tienen muchos simpatizantes que, en caso de violencia, superarían en número a los servidores que custodian la cárcel.
En su informe, el procurador Arroyo Novoa también informó que se ha desatado una campaña en los medios de comunicación locales contra de los jueces de las provincias de Bagua y Utcubamba-Chachapoyas.
SE IGNORÓ PEDIDO
Pese a los temores formulados, la titular de la Fiscalía Provincial de Utcubamba, Olga del Carmen Bobadilla Terán, dispuso en agosto último que los internos empiecen a rendir sus manifestaciones ante el Poder Judicial. Ellos fueron acusados de ser autores intelectuales y materiales de los delitos cometidos el 5 del junio. Esta audiencia empezó en el mismo penal.
Ante las versiones de que los procesos deberían ser trasladados Lima por amenazas contra los magistrados, la fiscal señaló que el Ministerio Público cumplirá su función de perseguir los ilícitos cometidos con total autonomía y haciendo respetar la ley.
Los detenidos enfrentan los cargos de delitos contra la tranquilidad y la paz pública en la modalidad de disturbios; contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado, así como por el incendio y saqueo
de locales públicos.
Solo cuatro de los detenidos enfrentan cargos por el asesinato de los policías en la estación 6 del Oleoducto Norperuano. En noviembre último otros cuatro nativos fueron liberados por falta de pruebas en su contra.
Fuente: El Comercio.
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